Bolivia: entre los jueces y la disputa por el país

Bolivia realizará próximamente las elecciones judiciales pendientes desde 2023. Todo ello en medio de la fuerte disputa entre Luis Arce y Evo Morales y la inhabilitación de este último.

Evo Morales y Luis Arce Catora buscan la Presidencia de Bolivia

Por Sebastián Godínez Rivera. Politólogo, egresado de la FCPyS y colaborador de RCAAANoticias.com

Bolivia es la penúltima parada del calendario electoral de 2024 en América Latina. Luego de las tensiones que ha vivido el país, por fin se celebrarán los comicios judiciales que han generado inestabilidad desde el 2023. Bolivia hasta el momento es la única nación que elige a las y los juzgadores mediante voto popular. A este esquema se unirá México y posiblemente Venezuela tras las consulta del 15 de diciembre.

El país ha vivido momentos de tensión política no solo por la crisis energética que atraviesa y la extensión del mandato de los miembros del Poder Judicial, sino que se le suma la intensa disputa entre el presidente constitucional, Luis Arce Catacora, y el tres veces presidente boliviano Evo Morales Ayma. Esto ha llevado a una fragmentación del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y a la ruptura entre un mandatario que parecía tutelado por el líder máximo de Bolivia.

La existencia de un poder paralelo al constitucional, tiende a tensar las relaciones políticas, así como a una ruptura de la organización política. Desde 2006 Morales fue el centro del sistema político boliviano, pero esto cambió con el golpe de Estado que sufrió en el año 2019. Así, de cara a las elecciones generales de 2020, un MAS unido presentó a Arce, anteriormente ministro de Economía en los gobiernos de Evo, como su candidato presidencial, quien resultaría elegido con el 55% de los votos. La llegada de Arce a la presidencia de Bolivia acabaría con la unidad al interior del «masismo», por lo que hoy el expresidente y el ejecutivo actual se disputan el control no solo del partido, sino del país. Esto ha llevado a descalificaciones mutuas y a algunos percances que podrían debilitar al oficialismo.

Morales vs. Arce

Cuando aparecen dos personajes fuertes dentro de un mismo partido, conlleva históricamente al desgaste de uno y la predominancia de otro. La Ciencia Política ha logrado dar seguimiento a personajes como Luiz Inácio «Lula» Da Silva y el Partido de los Trabajadores, Evo Morales y el MAS, Néstor y Cristina Kirchner con el Partido Justicialista, o Hugo Chávez y Nicolás Maduro con el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), que han demostrado que una persona controla la vida interna.

Sin embargo, cuando hay un exceso de personalismo, las tensiones comienzan como la disputa Alberto Fernández y Cristina Fernández que culminó con la derrota de Sergio Massa, el regreso de Lula a la presidencia de Brasil en 2022 porque no había otro perfil capaz de vencer a Bolsonaro, y las tensiones entre Rafael Correa y Lenin Moreno en el Ecuador. La fuerza política y el capital que tiene Evo Morales lo han convertido en una fuente del sistema boliviano, luego entonces cuenta con la capacidad para movilizar a sus seguidores, incluso en contra de su correligionario.

Por otro lado, está el mandatario Luis Arce, quien cuenta con la legitimidad legal, de acuerdo con Max Weber, y se ha sumado a la pelea con el fundador del MAS. El ejecutivo acusa a su antecesor de dividir al país, buscar someter la pluralidad y lo ha señalado de manejar a sus seguidores para desconocer al presidente constitucional. Empero, como si de una competencia se tratara, ambos han apostado su capital político para diezmarse mutuamente.

Ahora bien, Arce ha logrado asestar una derrota política a Evo Morales. La Corte Suprema declaró que Morales ya no puede aspirar a una nueva reelección y anuló esta modalidad; con esta decisión el exmandatario ha sido inhabilitado. El ejecutivo planeaba derrotar a Morales en las urnas, puesto que se tenía previsto un referéndum para que la gente decidiera si está a favor o en contra de la reelección indefinida. Sin embargo, este ha sido postergado indefinidamente, luego de que el Tribunal Constitucional declarase que el gobierno no cumplió con el requisito de que el Tribunal Electoral aprobara con antelación las preguntas.