El Supremo poder

• Confabulación del Ejecutivo y Legislativo
• Poder Judicial, vilipendiado
• Mercados en la incertidumbre
• Comienza la mudanza en Infonavit

Por Agustín Vargas *

Una vez consumada (ya promulgada y publicada) la Reforma Judicial, vale la pena destacar algunos de los puntos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la división de poderes en nuestro país, lo que nos lleva a la pregunta obligada:

¿Qué papel juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en estos cambios que, según se ha documentado, fueron a todas luces ilegales, incluso en Poder Legislativo en contubernio con el Ejecutivo, violaron las órdenes judiciales dictadas por jueces federales para suspender el proceso legislativo de aprobación de la multicitada reforma judicial?

El artículo 41 de la establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en lo que concierne al ámbito federal y, por lo que hace al local, por medio de los Poderes de los Estados, en los términos de la propia Constitución Federal y de cada una de las Constituciones de las entidades federativas las cuales, en ningún caso, podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Acorde con esto, el artículo 133 constitucional acoge el principio de supremacía constitucional.

Bajo estos mismos preceptos, el artículo 49 constitucional consagra el principio de división de poderes. Así, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que, no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. En este tenor, la finalidad del principio de división de poderes es limitar y equilibrar el poder público, a efecto de impedir que un poder se coloque por encima de otro y evitar que un individuo o corporación sea el depositario de dos o más poderes.

La propia a Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el esquema de división de poderes no supone un fin en sí mismo, sino una técnica que exige un equilibrio entre los distintos poderes de la Federación y de las Entidades Federativas, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus garantías.

Y entonces ¿dónde quedó la Corte frente a la confabulación en su contra de los otros dos poderes? ¿Qué harán los ministros, magistrados y jueces que se dicen defensores de la Constitución y los derechos y garantías de los mexicanos si de facto han sido vilipendiados por un puñado de legisladores incondicionales del jefe del Ejecutivo?

Mercados, incertidumbre

La mayoría calificada del Congreso de la Unión (diputados y senadores) junto con la mitad más uno de los 32 congresos locales emitieron su voto a favor de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. La reforma se envió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la promulgó el 15 de septiembre en el marco de la celebración de la independencia de México.

Según Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, la reforma al Poder Judicial no impactará negativamente sobre las inversiones en el país. Por otra parte, la agencia calificadora Moody’s publicó un documento el pasado lunes donde destacó que la reforma constitucional aprobada deterioraría los controles y equilibrios y plantearía diversos riesgos crediticios para el país.

A pesar de la incertidumbre, el tipo de cambio del peso frente al dólar se apreció casi un peso (alrededor de 5%) desde que se negociaba la reforma en el Poder Legislativo y la promulgó el Poder Ejecutivo. Al parecer, el nivel de riesgo de la reforma judicial no sostendría al tipo de cambio por encima de los $20 pesos y por ello se regresó. Ayer cerró en 19.40 pesos por dólar, en promedio. No se descarta volatilidad adicional durante los siguientes días.

La aprobación de la reforma judicial en las distintas etapas del proceso legislativo ha provocado un ambiente de nerviosísimo e incertidumbre en los inversionistas. Variables como el tipo de cambio peso/dólar han experimentado marcados movimientos.

Por lo anterior, ha surgido la preocupación de una posible afectación del tipo de cambio hacia la inflación subyacente a pesar del regreso que ha mostrado la paridad cambiaria durante los últimos días. A final de cuentas, y con información al cierre de la semana pasada, el peso se ha depreciado cerca de 13% frente al dólar norteamericano.

Resultados de modelos desarrollados por Banco de México muestran que un aumento de 1% en el tipo de cambio implica un incremento de la inflación general de 0.07% en 12 meses, lo que podría ser catalogado como traspaso bajo. Asimismo, cuando la economía se ubica por debajo de su potencial (situación en la que nos encontramos actualmente), el efecto a 12 meses sobre la inflación general es prácticamente cero, aunque con una alta incertidumbre.

Sigue latente la posibilidad de una contaminación de la inflación no subyacente al componente subyacente. No obstante, con sustento en investigaciones de Banxico, incrementos de 1% en los precios de agropecuarios y de energías también se traducen en un efecto acotado hacia el componente subyacente (0.05% y 0.03%, respectivamente) 24 meses después del choque.

La afectación sobre la inflación en México más bien provendría de un deterioro de las expectativas del mercado, mismo que no se descarta si persisten los “factores idiosincráticos” que destacó el banco central en su comunicado de política monetaria de junio y que continúan generando volatilidad en el mercado.

Mudanza en el Infonavit

 
El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, y Octavio Romero Oropeza, propuesto como director general del Instituto por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvieron la primera reunión de transición de cara al cambio de administración en el Ejecutivo.

 
El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Consejo del Infonavit y se dialogó sobre la encomienda del presidente saliente y la presidenta electa en materia de vivienda y también de la instrumentación de la reforma en dicha materia, la cual, en caso de aprobarse, permitirá al Instituto destinar recursos para construir viviendas, además de crear un sistema de renta social con inmuebles propiedad del Infonavit y cuyo costo no exceda el 30% del salario de los trabajadores.