La ministra Loreta Ortiz ha declarado abiertamente que está a favor de la elección por voto popular de jueces y magistrados
Por Sebastián Godínez Rivera.- Politólogo, egresado de la FCPyS/UNAM
Estos días el oficialismo ha arreciado los ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde la máxima tribunal López Obrador ha señalado de parcialidad y “reducto del conservadurismo” al Poder Judicial; se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado de la República. Sin embargo, hay tres personas que desde dentro del máximo tribunal han intentado golpetear y poner en bandeja de plata a los demás jueces constitucionales.
Hay tres perfiles que son abiertamente militantes y cercanas al poder, lo cual lastima la independencia judicial. López Obrador dijo que las mujeres le ayudan mucho en la transformación, pero la realidad es que el ejecutivo postula mujeres porque son ellas las más incondicionales a su proyecto. Ejemplos hay varios, como algunas consejeras del INE, las legisladoras federales, la candidata presidencial, las secretarías de estado, titulares de órganos autónomos y algunas ministras de la Corte.
Yasmín Esquivel Mossa que es esposa de José María Riobóo que a su vez es uno de los ingenieros que más se ha beneficiado de contratos y adjudicaciones directas desde que López Obrador fue Jefe de Gobierno (2000-2005), pero también con Alejandro Encinas (2005-2006) y con Miguel Ángel Mancera (2012-2018).
Además, de que ya como presidente también ha recibido varios contratos, uno de ellos para la rehabilitación de la línea 12 del metro, la cual se derrumbó en mayo de 2021. Por otro lado, Esquivel Mossa es una de las ministras cercanas al oficialismo y esto se puede comprobar porque ha votado en contra de invalidar las reformas eléctrica y electoral del presidente y se opuso a que el INAI pudiera sesionar con 4 comisionados.
Esquivel Mossa era una de las aspirantes a presidir la Suprema Corte en 2023, pero una investigación del diario El País, encontró que su tesis de licenciatura era producto de un plagio. Hasta la fecha ella sostiene que es de su autoría y para evitar que la UNAM continúe con la investigación se ha amparado. Meses después nuevamente El País encontró que su tesis de doctorado también era plagiada.
Loretta Ortíz Alhf es esposa de Agustín Ortíz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) quien ha sido uno de los perfiles más cercanos al obradorismo desde el año 2000. Fue Secretario de Gobierno del Distrito Federal de 2000-2003 con López Obrador; luego fue diputado federal y en 2012 fue designado Secretario para el Fortalecimiento de Ideas y Valores Morales, Espirituales y Cívicos del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA.
Mientras que Ortíz Alhf fue diputada federal de 2012-2015, luego formó parte del Consejo de la Judicatura Federal y actualmente es ministra de la Corte. Al igual que Yasmín Esquivel se opuso a invalidar las reformas antes mencionadas o a que el INAI volviera a sesionar.
Sin embargo, Ortíz Alhf se caracteriza por ser una jueza que habla de los Derechos Humanos y las doctrinas internacionales, pero casualmente cuando el tema de traspasar la Guardia Nacional al Ejército ella fue una de las primeras en defender este proyecto. En sus argumentos defendió que un cuerpo civil pudiera ser parte de las fuerzas armadas e incluso negó que los militares violen los Derechos Humanos al cumplir con las tareas de seguridad.
Lenia Batres Guadarrama es hermana del Jefe de Gobierno sustituto, Martí Batres y de la ex diputada federal Valentina Batres. Su trayectoria se identifica con el lopezobradorismo desde que éste fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.
Ha sido uno de los perfiles más controversiales de la Corte debido a su falta de conocimiento sobre las leyes y sus creencias de lo que debería ser esta. Sin embargo, la llegada de Batres puede ser vista como una beca, ante su nulo conocimiento de lo legal se entiende que va a tomar clases de eminencias de derecho, aunado a que su beca tendrá una duración de 15 años.
Ellas tres se han convertido en una amenaza a la independencia judicial y desde adentro han intentado dinamitar la estabilidad de la Corte. Desde las simulaciones llamadas, parlamentos abiertos, Batres, Esquivel y Ortíz impulsaron la reforma y se mostraron complacientes con el poder. Durante la resistencia que han emprendido jueces, juezas, magistraturas y trabajadores han impulsado el cese de este porque consideran que “se viola el derecho a la justicia”.
Sin embargo, su último posicionamiento del día 3 de septiembre de 2024 ha sido uno de los más lamentables; la ministra presidenta Norma Piña y los ministros Antonio Gutiérrez, Luis María Aguilar, Javier Laynez, Mario Pardo, Juan Luis Alcántara, Alberto Pérez Dayán y la ministra Margarita Ríos Farjat votaron por sumarse al paro de labores. Ante esta decisión las ministras morenistas publicaron un comunicado en el que señalaban que se incumplía con sus labores y que podían ser llamados a juicio político.
Una posición deleznable debido a que insisten en someter a la Suprema Corte a los deseos presidenciales, demostrando que de votar a todos los integrantes del Poder Judicial, posiblemente tendríamos perfiles militantes como los de ellas. Las y los ministros que pugnan por la defensa del Poder Judicial y se han unido al paro de labores son muestra de que la independencia y los valores de la república siguen vivos y hay que defenderlos. La gente al salir de sus oficinas los ha recibido con aplausos y ovaciones; son juristas respetados.
Mientras que las dos ministras morenistas y la bachiller (Yasmín Esquivel) se han ganado no solo el repudio sino los cuestionamientos de toda la estructura judicial. Se les ha cuestionado su actuar y su papel cercano al gobierno; es triste ver que quienes supuestamente deben ser imparciales son las principales en colaborar para romper el orden institucional. Empero, no todo está perdido, si las senadurías de PRI, PAN y MC votan de forma conjunta en contra, la república podrá respirar por un momento.
Los siguientes días serán cruciales para el subsistir de la frágil democracia mexicana, pero no todo está perdido. Mientras en todo el país el Poder Judicial federal y local sale a manifestarse, el Tribunal Electoral guarda silencio como si lo que viene no les afectara o como si no fueran parte del Poder Judicial. Quizá algunas magistraturas lograron extender su periodo hasta 2027, pero eso no les garantiza inmunidad.
Sebastián Godínez Rivera es colaborador de RCAAANoticias.com
Reportero/editor con más de 35 años de experiencia
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