La magistrada Janine Otélara Malassis
Por Sebastián Godínez Rivera.- Politólogo, egresado de la FCPyS/UNAM
La sesión de la Sala Superior del 28 de agosto ha sido una de las más polémicas y criticadas por la forma en la que votaron 4 magistraturas. Mucho se dirá sobre la interpretación que se hizo para asignar una supermayoría a Morena y aliados a través de una coalición; no quiero ahondar en eso, pero sí analizar y reconocer el trabajo de la única magistrada que se opuso, Janine Otálora Malassis.
La argumentación que dio al pleno de la Sala Superior fue impecable, nunca se basó en argumentos ideologizados o partidizados; al contrario, lo hizo desde la tónica electoral y judicial. La magistrada advirtió que la sobrerrepresentación permitió que algunos partidos lograron crecer sus bancadas y fue a través de las coaliciones como obtuvieron mayorías, a pesar de no haber obtenido una cantidad de votos importante.
También llamó a analizar con cuidado los límites de la sobrerrepresentación, ya que el establecimiento de una mayoría absoluta limita el diálogo democrático; así como reducir aún más a las minorías parlamentarias. Es pertinente señalar que el sistema electoral mexicano es mixto con preponderancia mayoritaria, no porque lo digan los pseudo abogados como Ricardo Monreal o Gutiérrez Luna. Esta premisa se cumple, pero el debate no era por la estructura del sistema electoral, sino porque hay una creación artificial de una mayoría que obtuvo 54% de sufragios y se la ha otorgado el 73% del parlamento.
La jueza electoral agregó que “los partidos mayoritarios han perfeccionado mecanismos para evadir estos límites a través de los convenios de coalición, esto ha sido evidente desde 2015”. Un diagnóstico lamentable, pero certero, ya que en México los actores políticos siempre están buscando burlar el marco normativo para maximizar sus beneficios. En la teoría de la elección racional esta premisa se entiende que los actores buscan las formas legales o ilegales para lograr mayores beneficios.
Sobre todo, las coaliciones han fungido como tapadera o mantos para postular a perfiles que son de otros partidos y tras asumir cargos, optan por asumir su verdadera identidad partidista.Muchas voces claman por una reforma electoral que regule las coaliciones y las candidaturas, sin embargo, esto va más allá de eso, porque es la inmoralidad política la que promueve que los partidos siempre busquen violar la ley.
La magistrada Otálora sostuvo que es necesario corregir los elementos que generan distorsiones entre votos y escaños, que no necesariamente representan la voluntad popular. Sobre todo, porque se creó una sobrerrepresentación a partir de un instituto político predominante; llamó a la reflexión que no era más que una interpretación sistemática y funcional de las leyes actuales. Nadie estaba llamado a cambiar las reglas del juego o imponer otras anteojeras para conformar el congreso, sino que se buscaba evitar la distorsión en el Congreso de la Unión.
Asimismo, hizo una crítica a la labor de las y los juzgadores electorales “la estabilidad permite que haya una predictibilidad de nuestras acciones; la flexibilidad permite que haya una adaptabilidad del derecho a diversas realidades”.
Esto es importante, porque hizo un llamado a la reflexión, no de las condiciones actuales del país o futuras, sino desde el propio derecho, el cual no es inamovible o estático. Por ejemplo, si así fuera entonces las mujeres no tendrían derecho al sufragio, porque desde los griegos quienes votaban solo eran los hombres; en el caso de la invisibilización de las comunidades indígenas sería lo mismo, ya que el Derecho no las tomaba en cuenta.
Es importante este mensaje, sobre todo al considerar que los cambios institucionales representan una opción de adaptabilidad y mejora de estas, dirían los estudiosos del “neoinstitucionalismo”. Ahora bien, considerar que los criterios y la literalidad de acuerdos, Carta Magna o sentencias deben ser interpretados con literalidad es desconocer la esencia de la función jurisdiccional. Esto llevaría a un retroceso en la forma en la que los y las juezas emiten sentencias.
Por ejemplo, Lisa Hiblink en su libro Jueces y política en democracia y dictadura hace un análisis sobre cómo los juzgadores durante la dictadura chilena solo aplicaban la Constitución de forma literal. Sin embargo, con la llegada de la democracia estos fueron haciendo interpretaciones de acuerdo a otros elementos como Derechos Humanos, tratados internacionales o experiencias comparadas en otras latitudes. En ese sentido la magistrada Otálora sentenció que “ningún argumento tiene la autoridad suficiente para cerrar el diálogo y así encontrar la solución a un solo asunto”.
Sus aportaciones a la discusión en la Sala Superior no solo dejaron clara su visión integral como juzgadora, sino también las anteojeras democráticas que la caracterizan. A pesar de ser la única que votó en contra del proyecto, dejó clara su postura de congruencia y respeto a la ley. Al término de la sesión fue abordada por los periodistas y cuando se le cuestionó sobre la extensión de su cargo en el Tribunal ella respondió “yo rendí una protesta y me apego a ella”.
Esto es relevante porque en el proyecto de la reforma judicial, se establece que las 5 magistraturas del Tribunal Electoral permanecerán en su cargo hasta 2027. Mucho se ha especulado que esta fue la razón por la que 4 magistrados votaron en favor de la sobrerrepresentación. No obstante, la magistrada Otâlora se retirará en 2025 cuando culmine su periodo. Su conocimiento y congruencia con la ley la hace una de las juezas electorales más completas que han pasado por la Sala Superior, sobre todo, por el contexto político y social al que México se está adentrando.
¡Gracias por todo, magistrada Janine Otàlora Malassis!
Reportero/editor con más de 35 años de experiencia
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