Por: Sebastián Godínez Rivera
El debate sobre la reforma judicial ha puesto en el centro el cuestionamiento sobre la legitimidad de las y los jueces; de la carrera judicial así como la facultad interpretativa de las leyes y la Constitución. En estos días, el ministro de la Corte, Luis María Aguilar Morales, en un foro declaró que si la regla es elegir mediante voto popular a jueces, magistrados y ministros, entonces, esta regla también debe aplicar para los secretarios de Estado; aunque destacó que se opone a esta visión también.
Algunos voceros del gobierno, como Arturo Zaldívar, sostienen que el Poder Ejecutivo es unipersonal, por lo tanto, el Gabinete es designado por el titular de este poder. Sin embargo, si partimos de la premisa de que los cargos por designio son propensos a la corrupción, porque no tienen legitimidad popular, luego entonces, los secretarios de Estado tenderán a ser corruptos al no ser electos por la ciudadanía. El dicho no ha gustado al oficialismo, quien ha criticado y arremetido contra el ministro.
Al analizar detalladamente y desde las anteojeras politológicas, las secretarías de Estado son designadas por la o el mandatario en turno, con la confianza de que se llama a los más capacitados. En consecuencia, la selección de titulares de las carteras proviene de la determinación de que quienes son escogidos harán un buen papel, por ende, cumplirán con las funciones asignadas. Cabe destacar que no se les hacen exámenes o entrevistas para garantizar que sean aptos, al contrario solo basta con aceptar.
Dentro de este debate, se puede argumentar que la gente votó por cierta persona para la presidencia, pero no para que un perfil ocupe una cartera. Las secretarías no responden a ninguna visión dentro de la teoría del poder en las cuales se les dote de legitimidad; no son delegados como en la teoría de Rosseau, tampoco cuentan con legitimidad popular como establece Max Weber y menos se someten a pruebas de capacidad, bajo esta visión de aptitudes y meritocracia.
Al contrario, su desempeño no está garantizado desde que asumen el cargo, sino que se les analiza durante su encargo. Lamentablemente, tampoco existen mecanismos para evaluar u obligar a la transparencia a que las y los secretarios rindan cuentas, puesto que las comparecencias ante el Legislativo no son vinculantes y en algunos casos los titulares de las carteras rechazan asistir. En ese sentido no tiene una fuente de legitimidad que les respalde para ocupar un cargo.
Ni siquiera en los regímenes parlamentarios, la designación de la gente que encabezará los ministerios cuenta con legitimidad para encabezar una cartera. Si bien, cuentan con un respaldo popular para llegar al parlamento, este no necesariamente permea en su función dentro del Poder Ejecutivo. Los parlamentarios no hacen campaña pensando en que ocuparán algún ministerio o haciendo propuestas desde una posición que no se les ha otorgado.
Como diría Edmund Burke, ellos realizan sus propuestas en aras de llegar al Legislativo y desde ahí impulsar sus agendas. En caso de que el Primer Ministro, el Canciller o el Jefe de Gobierno los designe para un encargo, este ya es otro tema en el cual se toman en cuenta otros factores como la aprobación de su nombramiento, su capacidad para mantenerse o ser removido del cargo.
Luego de esta disertación conceptual, tengo los elementos para justificar (si esto fuera un objetivo) la propuesta de votar a los miembros del Gabinete. Bajo la visión de que nadie les elige, esos cargos son por amiguismo o designación directa y no cuentan con la legitimidad, entonces, es posible promover este discurso de que el pueblo debe votar a quien quiere que encabece Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Pemex, etc.
Si la democracia y la elección popular son el antídoto para evitar la corrupción, dotar de mejores funcionarios públicos e impulsar la honestidad, por consiguiente, el Gabinete debe ser democratizado. Si la gente elige a los secretarios de Estado, harán una mejor selección que el titular del Ejecutivo puesto que la gente nunca se equivoca. Además, la democracia debe ser un estilo de vida ¿por qué le tienen miedo a que el pueblo vote a las y los secretarios?
Este texto tiene el objetivo de mostrar a la gente la contradicción de argumentos que vierte el oficialismo en aras de la reforma judicial. Lo que hice fue partir de una visión sesgada de la Ciencia Política y argumentos falaces justificar la elección de las carteras del gobierno. En segundo lugar, a través de la política comparada establecí el debate de la legitimidad y la comparación entre los integrantes del sistema parlamentario y los congresistas de un modelo presidencial para comprobar que en ninguno de los casos cuentan con la legitimidad para ocupar una cartera.
Por último, leyendo con atención el lector podrá darse cuenta que la esencia de este texto es la perversión del concepto de democracia y su marco teórico bajo el cual se está amparando la reforma judicial. Sobre todo, en este caso exponer cómo esta palabra ha perdido significado debido a su uso para justificar diversas reformas y que la gente elija. En estos tiempos la democracia es utilizada como argumento para impulsar políticas regresivas y autoritarias.
Sebastián Godínez Rivera es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Cursó un diplomado en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Fue profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, es columnista en Latinoamérica21, Politicx y conductor del programa de radio Café, política y algo más y en RCAAANoticias.com
Reportero/editor con más de 35 años de experiencia
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