Nicaragua: la destrucción de la carrera judicial

Por Sebastián Godínez Rivera/ colaborador de RCAAANoticias

Es sabido que el país centroamericano ha transitado de una democracia imperfecta a una autocracia encabezada por la pareja Ortega-Murilo. En esa nación el país ha recuperado el poder y se ha apropiado de todos los espacios de representación y ha reducido a la oposición a unos cuantos lugares en el parlamento.

Sin embargo, en 2023 el mundo presenció cómo la vicepresidenta, Primera Dama y Jefa de la Oficina de Propaganda, Rosario Murillo, se convertía en cabeza del Poder Judicial. Se destituyó a los magistrados que estaban en funciones en el Tribunal Superior, así como a 500 jueces, personal de carrera y de la rama administrativa. A pesar de que en los regímenes autoritarios ser jurista es una profesión de alto riesgo por las consecuencias que podría conllevar, el gobierno decidió asestar un golpe más al Poder Judicial.

A pesar de que la ley nicaragüense establece que para ocupar los cargos de jueces y magistrados es necesario tener experiencia en la rama del derecho, así como tener la licenciatura en este rubro. Eso no fue un impedimento para el orteguismo, puesto que los espacios en los tribunales se han llenado de simpatizantes del régimen y militantes a quienes se les ha asignado como premio una plaza en este poder.

La destrucción de un sistema profesional de carrera implica la improvisación de las decisiones, es como si en México se destruyera el sistema de carrera judicial o al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), lo cual ya se propuso con dos reformas. La preparación de la gente que se desenvuelve en estos ámbitos, es constante e implica una rigurosidad y disciplina con la que mucha gente no cuenta.

La toma de decisiones en el Poder Judicial implica tener ciertos conocimientos académicos, así como un compromiso con la función para garantizar la justicia por todos los medios legales. La razón de un sistema de carrera judicial es que quienes ocupan un lugar tengan el compromiso con el trabajo, la profesionalización necesaria para elaborar proyectos o sentencias y sobre todo, mantenerse lejos de los grupos de interés.

En Nicaragua no se cumplen esas tres premisas porque quienes han llegado a esos espacios responden al partido gobernante y a la pareja que ostenta el poder. Los conocimientos y la profesionalización son ignorados, ya que quienes trabajan en los tribunales están preocupados por agradar o no molestar a la cúpula gobernante con decisiones que pudieran ser contraproducentes. Además, la llegada de Rosario Murillo como cabeza del Poder Judicial, es una forma para consolidar una purga en este poder.

Sin embargo, esto no es lo único, puesto que a finales de 2023 la Asamblea Nacional aprobó una reforma para reducir el presupuesto al Poder Judicial. Solo recibía el 4% del presupuesto nacional como mínimo, ahora solo recibirá una partida que será decidida por el ejecutivo de forma discrecional. El argumento que dio el orteguismo es que se busca igualar el dinero asignado a otras instituciones y así evitar una disparidad.

En la historia del Poder Judicial nicaragüense la Corte elaboraba un proyecto de presupuesto el cual luego era revisado y aprobado por el parlamento. Además, se eliminó la facultad de la Comisión de Administración del Poder Judicial de supervisar el uso del capital en este poder. El retroceso ahora se materializa en el austericidio para sofocar lo poco que queda de la impartición de justicia.

La estrategia de reducir los fondos a las instituciones se ha puesto en práctica en todas las latitudes cuando se busca someter a un actor. Los recortes al presupuesto buscan que las funciones con las que cumple la institución se vean mermadas y afecten a terceros; en consecuencia, la gente comienza a mostrar inconformidad con la labor y justifica la desaparición o reforma.

Empero, en regímenes autocráticos el objetivo solo es obtener fondos de otras partes ante una inminente reducción de personal. Un sistema judicial sin personal calificado y sin recursos no puede cumplir sus funciones, al contrario queda como un poder vacío del Estado que está tomado por el régimen, pero que no es funcional para la sociedad. Nicaragua es uno de los casos en los que la justicia y el Poder Judicial mueren en silencio, amordazados por una supuesta revolución que proveería democracia.

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