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Por: Sebastián Godínez Rivera
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han dado mucho de qué hablar en estas últimas semanas; se les señala de parcialidad en la forma en la que resuelven algunos asuntos. Muchas veces se habla de imparcialidad, justicia y la predominancia del Derecho, no obstante, esto no siempre caracteriza sus resoluciones.
Desde la Ciencia Política se han estudiado a los actores políticos y la forma en la que toman decisiones, a esto se le llama elección racional; esta teoría busca explicar cómo las personas deciden con el objetivo de maximizar sus resultados. El objetivo central es exponer los factores que marcan el trasfondo de sus decisiones, para ejemplo de este texto, de las magistraturas de la Sala Superior. A simple vista y de acuerdo a algunas especulaciones, los jueces electorales son parciales y en algunos casos complacientes con algunos partidos políticos, pero ¿cómo lo ven ellos?
Partiendo de que las magistraturas son actores políticos que están marcados por una formación académica, social y por las anteojeras profesionales de acuerdo a sus diversos cargos. Sin embargo, existen otros factores que condicionan sus decisiones como sus ambiciones académicas, de prestigio así como su futuro político o jurisdiccional. De acuerdo a autores como Josafat Cortez y Camilo Saavedra estos son elementos que sirven para analizar el sentido de las decisiones que toman.
Existe una pugna entre la Ciencia Política y el Derecho, el segundo considera que los jueces sólo pueden ser analizados de acuerdo a una visión legalista porque estos son imparciales. No obstante, de acuerdo algunos autores como Javier Martín Reyes y Jesús Garza Onofre han identificado que las magistraturas del TEPJF tienden a la parcialidad de acuerdo al clima político y su entorno; esto ha provocado que la institución sea inestable.
Hay muestra de ello en sentencias como cuando exoneraron a Morena por la creación del fideicomiso para los damnificado del sismo de 2017; la autorización del registro a partidos confesionales como Encuentro Social (luego Encuentro Solidario); y la sucesiva rotación de la presidencia del tribunal, por mencionar algunos. Las magistraturas se han comportado como un órgano político, más que como un garante y protector de los derechos político-electorales. Los jueces electorales actúan de acuerdo a su entorno el cual marca sus sentencias, lo que muchas veces no debería ser porque son un tribunal constitucional que debe garantizar el respeto a la ley electoral.
Una de los planteamientos principales en este tema es que desde el arribo de un nuevo partido (Morena) con una mayoría legislativa en el país en 2018, las magistraturas tomaron una posición más laxa. Desde la renuncia de la magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis pasando por el cambio de criterios relacionados a la sobrerrepresentación hasta la emisión de sentencias que favorecían a diversos partidos políticos. Autores como Julio Ríos han planteado que al Poder Judicial le es más difícil dictar sentencias cuando existe un gobierno unificado, es decir, que un mismo partido ocupa el Legislativo y el Ejecutivo.
Esta premisa podría ser utilizada para el Tribunal Electoral, sin embargo, esto se tradujo en inestabilidad a lo largo de 6 años. La constante rotación de la presidencia generó tensión al interior y el exterior. La renuncia de Janine Otálora, el interinato de Felipe Fuentes Barrera y la llegada de José Luis Vargas Valdés al máximo cargo solo fueron muestra de la crisis de la primera mitad del sexenio. La autoridad jurisdiccional se volvió inestable y la división creció al interior, enviando malas señales a la ciudadanía sobre su funcionalidad.
A esto se sumó la destitución de José Luis Vargas de la presidencia, un nuevo interinato de Fuentes Barrera; seguido del ascenso de Reyes Rodríguez Mondragón a esta y luego a 5 meses del proceso electoral el ascenso de Mónica Soto como cabeza del TEPJF. La constante rotación de la presidencia generó críticas a la institucionalidad establecida, aunado a los intentos de cabildeo de algunos partidos políticos, por ejemplo, la reunión de Soto Fregoso con el diputado morenista, Sergio Gutiérrez Luna.
En consecuencia, esto provocó divisiones que hicieron visibles a los dos bloques que integran la Sala Superior, quienes encabezaron la rebelión Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Frente a la dupla Janine Otálora y Reyes Rodríguez quienes han sido identificados como las magistraturas que han sido más críticas. No obstante, esto erosionó la credibilidad en el TEPJF, sembrando críticas en la opinión pública y haciendo que tanto el oficialismo y la oposición criticaran la totalidad de sus decisiones.
Una hipótesis es que con la llegada del gobierno morenista, aunado al amplio apoyo de la población, el Tribunal Electoral optó por actuar con cautela sobre asuntos espinosos. Sobre todo, porque desde inicios del mandato de López Obrador, comenzaron los embates contra ciertas instituciones; por lo que el pleno del TEPJF intentó evitar la confrontación con el ejecutivo. Sin embargo, estos ataques continuaron a lo largo del sexenio y cualquier sentencia molestaba al ejecutivo.
Ahora bien, reducir las decisiones del tribunal a las declaraciones del presidente sería omitir los elementos que influyen en sus sentencias. Otro elemento que han destacado Martín Reyes y Garza Onofre, en el texto Ni tribunal, ni electoral plantean que el TEPJF ha sido un órgano que está expuesto al cabildeo de los actores políticos y que no toma distancia de ellos; al contrario a partir de ello emite sentencias y toma decisiones.
Seguido de esto, otro elemento que puede explicar las resoluciones de las magistraturas es que ante la inminente aprobación de la reforma judicial, que propone la votación de las y los miembros del Poder Judicial. Los integrantes del TEPJF podrían aspirar a maximizar sus resultados, es decir, permanecer o ser electos nuevamente, esto dependiendo de los términos en los que se apruebe la reforma. Autores como George Tsbelis han planteado que los actores políticos toman decisiones de acuerdo al entorno, sus beneficios y los riesgos.
Posiblemente, este planteamiento podría ser validado o rechazado de acuerdo al desarrollo de la reforma podrían brindar evidencia para analizar si las magistraturas buscaron maximizar sus beneficios, continuando como parte de la carrera judicial electoral. Aunado a que esta institución se ha negado a emitir un posicionamiento sobre la reforma judicial; el argumento central es que no se les invitó al parlamento abierto, pero tampoco intentaron buscar espacios para que su opinión fuera tomada en cuenta.
En este breve texto se busca plantear algunos elementos que pueden ser el hilo conductor para entender la inestabilidad dentro del Tribunal Electoral. Este tema merece un análisis más extenso en casos y literatura que comprueben cómo los criterios políticos se anteponen a la ley y las anteojeras legales, para la toma de decisiones. Sin duda, es un tema interesante que deberá ser analizado desde la elección racional, para comprender el sentido de los votos.
Sebastián Godínez Rivera es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Cursó un diplomado en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Fue profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, es columnista en Latinoamérica21, Politicx y conductor del programa de radio Café, política y algo más y colaborador de RCAAANoticias.com
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Reportero/editor con más de 35 años de experiencia
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